Por la crisis del COVID-19, son más frecuentes que nunca los desacuerdos entre padres separados sobre la escolarización de los menores, sobre todo en los casos en que no es obligatoria.
El Juzgado de Primera Instancia nº 10 de León ha sido el primero en pronunciarse en un procedimiento sobre esta cuestión, y lo hace a favor de la escolarización, esgrimiendo los siguientes argumentos:
«Considero procedente entender, en conciencia con lo señalado por el Ministerio Fiscal, que actúa en interés del menor, que la facultad de decisión ha de atribuirse al padre: el derecho a la educación es del menor, no del padre ni de la madre. Un niño a esa edad más que a aprender va al colegio a socializarse y eso no puede hacerse con la madre y los abuelos maternos, los cuales, atendiendo a las circunstancias expuestas, no están exentos del riesgo de contagio de la enfermedad».
Refiriendo además que: «La duración de la situación del COVID-19, en estos momentos no se puede vislumbrar la duración de esta situación, pero que puede alargarse a uno o dos años».
Como siempre y en cualquier caso, debe buscarse el interés del menor y atender al caso concreto, pero, en mi humilde opinión, esta será la decisión que mayoritariamente adoptarán nuestros Juzgados.
